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Puerto del Rosario
lunes, 8 marzo, 2021

Reanudación de la actividad judicial durante la crisis sanitaria.

CSIF pide que el Ministerio adopte garantías reales y efectivas para la protección de la salud de los funcionarios.

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El Gobierno aprobó en el día de ayer, el Decreto-ley de medidas urgentes para la recuperación de la actividad judicial tras el Covid-19. El texto establece que podrán establecerse turnos de mañana y tarde en los órganos judiciales para evitar las aglomeraciones y evitar contagios; los actos procesales se realizarán, preferentemente, de manera telemática, y la atención al público, vía telefónica o por correo electrónico siempre que sea posible.

Por otra parte, la norma prevé que los funcionarios de Justicia presten servicio en otros juzgados y tribunales de su municipio dentro del mismo orden jurisdiccional. Se regula el reinicio del cómputo de los plazos procesales suspendidos y se amplía el plazo para formalizar e interponer recursos en aras del derecho de defensa de los ciudadanos y ciudadanas. Se establecen medidas para favorecer la impugnación colectiva de los ERTES en las PYMEs y se tramitarán preferentemente las reclamaciones presentadas por moratorias, ayudas públicas y despidos motivados por el período de confinamiento, entre otros.

Críticas de las asociaciones y sindicatos.

El Consejo General de la Abogacía Española se muestra crítico con la habilitación del mes de agosto, puesto que “tendría en la práctica un efecto contraproducente, porque conllevaría la suspensión de numerosos actos procesales ante las dificultades de llevar a cabo actos de comunicación y la más que probable incomparecencia de justiciables, testigos, peritos, etc“.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre las cuatro asociaciones de jueces, compartió en sus redes sociales la imagen que acompaña este artículo, con el siguiente mensaje: “Empezamos con las reformas en Justicia“, con mención al ministerio.

Para los sindicatos, fuentes de CSIF Canarias aseguran que no se puede plantear la vuelta a la actividad sin garantizar la protección a la salud laboral que, en este caso, está íntimamente relacionada con la protección a la salud pública. “Los funcionarios de Justicia quieren volver a trabajar, pero lo quieren hacer de forma segura“, aseguran.

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